Balance de legislatura: Menos servicios públicos, menos derechos, menos empleo, más deuda

Remigio Martinez, Secretario General de la Federación de Servicios Públicos de Extremadura (FSP-UGT Extremadura) ha presentado este jueves un informe que recoge la evolución de los servicios públicos entre los años 2011-2015 en la comunidad. El documento muestra datos sobre empleo, presupuestos e inversión en el sector.

“(2011-2015) Menos Servicios Públicos, Menos derechos, Menos Empleo , Más Deuda” es el título y la conclusión principal del estudio, realizado a partir de datos y estadísticas oficiales.

Esta ha sido una legislatura inédita desde el punto de vista de las relaciones laborales y de la negociación. El Gobierno ha tomado medidas que han perjudicado a un gran número de trabajadores y de ciudadanos y no ha consultado a los agentes sociales, actuando en la mayoría de ocasiones a través del decretazo.

Remigio Martinez ha señalado que los tres objetivos fundamentales del Gobierno desde su toma de posesión han sido “reducir los servicios públicos, su extensión, su cobertura y su calidad; drástica minoración de las administraciones públicas; y la supresión de empleados públicos, de sus derechos y de sus condiciones laborales”.

La destrucción de empleo público en Extremadura ha tenido lugar en todos los ámbitos.

Por sectores:

Sanidad: 600 empleos perdidos.

Autonómica: 2.153 empleos perdidos

Administración local: 5.716 empleos perdidos

AGE: 361 empleos perdidos

Correos: 301 empleos perdidos

El Secretario General de FSP-UGT Extremadura ha señalado como particularmente grave la política privatizadora del Gobierno, que ha gastado 451.848.617 euros en la externalización de servicios públicos, materializada en 13.254 contratos "alegales". "El Gobierno extremeño reparte así el dinero de todos según su criterio, sentando las bases de un nuevo sistema y sin contar con la colaboración de nadie", ha señalado Remigio.

Como se puede constatar la Deuda Pública en Extremadura ha aumentado significativamente (289.337.932 euros) a pesar de los recortes en el tiempo, lo que nos lleva a la conclusión de que no es un problema de Servicios Públicos sino de una deficiencia en la Gestión y en el Modelo Económico.

Ante esta desmantelación del Estado de Derecho, algunas propuestas de FSP-UGT irían encaminadas a:

  • Establecer un suelo mínimo de gasto social de partida en cada servicio público. El fin es lograr una política social financieramente sostenible.
  • Ordenación de las Administraciones Públicas desde la trasparencia y el control público: su calidad, titularidad, gestión y financiación.
  • Política de cohesión social que impida la desvertebración del Estado en servicios públicos esenciales como la Sanidad, Educación y Seguridad.
  • Avanzar en una homogeneización de las condiciones laborales de los empleados públicos en todo el Estado.
  • Empleo público estable para prestar el servicio con garantía de calidad.
  • Reforma del sistema fiscal y tributario para incrementar los ingresos, basado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad, para financiar las políticas de inversión social.
  • Control del fraude fiscal

 

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