UGT reclama el apoyo de los grupos parlamentarios para buscar una solución consensuada al conflicto del Grupo Tragsa

Las federaciones de MCA-UGT, FES-UGT y FSP-UGT enviaron la pasada semana una carta a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en la que solicitan una reunión para informarles de primera mano sobre la preocupación existente entre los trabajadores y trabajadoras de Tragsa por la situación que atraviesa el Grupo tras la aplicación y posterior paralización del procedimiento de despido colectivo (PDC), que ha supuesto hasta el momento el despido de 555 trabajadores.

Las tres federaciones sindicales de UGT reclaman el apoyo de los grupos parlamentarios en defensa de los trabajadores de Tragsa y critican que desde la entrada de la actual Dirección en el Grupo la situación financiera de Tragsa ha venido empeorando, fruto de los cambios organizativos, la excesiva burocratización y entrada de nuevo personal ligado a la Dirección, y la adopción de decisiones controvertidas, como el plan de Internacionalización del Grupo, lo que ha tenido consecuencias negativas para la empresa pública.

Denuncian que el plan de ajuste presentado por Tragsa para hacer frente a esta mala gestión se centró exclusivamente en la reducción de puestos de trabajo sin que la Dirección se aviniera a negociar una salida consensuada y tratar de que la reducción de la plantilla, de ser necesaria, se produjera por medios no traumáticos.

"A pesar de ello, aprovechando las fechas navideñas y la existencia de un Gobierno en funciones, la dirección del Grupo ha procedido a la extinción de los contratos de trabajo, afectando a 555 trabajadores", recuerda la carta.

Además, y dado el carácter público de las empresas, la pérdida de unos trabajadores "que constituyen la élite de las distintas profesiones –fruto de la experiencia y la inversión en formación realizada durante décadas–" supone "un severo daño a la capacidad del Estado para afrontar con garantías las necesidades de desarrollo y conservación del medio rural y natural", así como "la reducción de la capacidad de lucha contra los incendios forestales y de movilización ante otro tipo de catástrofes".

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