Propuestas para la recuperación en el ámbito de la igualdad

Mujer e igualdadIndiferencia. Una indiferencia estudiada, cuidadosamente pretendida y que encuentra en la ideología su origen. Desde la Secretaría de Mujer e Igualdad de la Federación de Servicios Públicos de la Unión General de Trabajadores (FSP-UGT) creemos que es necesario hacer un ejercicio de balance de estos dos años del Gobierno de Mariano Rajoy. El Gobierno del PP nos ha presentado las dificultades económicas como el inicio de la necesidad de emprender una política de austeridad extrema.

Sin embargo, las dificultades económicas no son más que la excusa que les permite alcanzar sus máxima ideológicas, apretando el botón de la desigualdad de forma casi compulsiva. Lo que empezó como el estallido de una crisis financiera ha desembocado en una crisis social, económica y política de dimensiones y consecuencias incalculables.

 Los servicios públicos se han convertido en uno de los objetivos prioritarios a derribar. Y tampoco es casual. Los servicios públicos son el esqueleto vertebrador de la sociedad en la medida en la que se configuran como elemento de cohesión, justicia e igualdad social; el valedor más inmediato de la calidad de vida de la gente. Su externalización o privatización busca la sustitución de un sistema público, gratuito y de calidad por un sistema puramente asistencial. De esta manera, la Administración General del Estado y las demás Administraciones se verán exentos de responder a las necesidades de la totalidad de la población, circunscribiendo su actuación a los más desfavorecidos dentro de los desfavorecidos. El quebranto o ruptura del principio de universalización de los servicios sociales es precisamente la pieza clave para hacer inviable el sistema. Menos servicios, de peor calidad y mas caros: ese es su objetivo.

La Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración so pretexto de la nueva redacción del artículo 135 de la Constitución Española que presume prioritario el pago de la
deuda, consolida la premisa por la cual las necesidades de la ciudadanía queden relegadas a un segundo plano. Dicha ley transfiere a las diferentes comunidades autonómas la gestión dedeterminadas competencias que hasta ahora eran de las corporaciones locales. Solo los municipios de más de 20.000 habitantes -y que representan tan solo el 5% de la totalidad de losmunicipios- podrán asumir previa delegación de la administración autonómica dicha cartera de servicios sociales por un tiempo no inferior a 5 años y debiendo verse acompañados por la correspondiente partida presupuestaria. Por el contrario, las adminitraciones autonómicas no verán aumentado su presupuesto para responder a estas necesidades sociales.

Como atención primaria serán susceptibles, entre otros, los servicios de acogida y orientación social, la teleasistencia domiciliaria, la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situaciones de dependencia, la ayuda a domicilio... Como servicios de atención especializada -aquellos que responden a necesidades más complejas- se verán afectados los relacionados con la atención a la mujer, personas mayores, personas drogodependientes, personas en situación de exclusión social, infancia y adolescencia...

La secretaría de Mujer e Igualdad de FSP-UGT ha elaborado un documento que analiza las consecuencias de los dos últimos años de gobierno conservador y ofrece alternativas en los distintos ámbitos de las políticas que atañen a la igualdad. Consúltalo aquí.

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