El recorte de derechos civiles del Gobierno puede traer como consecuencia la demolición del Estado de Derecho

UGT está celebrando, en el día de hoy, una jornada organizada junto a CCOO sobre la reforma del sistema de libertades y de la participación democrática, en el marco de la campaña “No nos van a callar” desarrollada frente a los procesos contra cientos de sindicalistas por ejercer el derecho fundamental de huelga.

Durante la jornada, que ha sido inaugurada por el Secretario de Participación Sindical e Institucional de UGT, Frederic Monell, se están analizando y debatiendo el Proyecto de Ley Orgánica de Reforma del Código Penal y de la Ley de Seguridad Ciudadana, en la medida en que vienen a delimitar los derechos de reunión, manifestación y participación política.

Además, se ha abierto un debate social y de denuncia sobre el tratamiento penal y sancionador de los conflictos laborales en torno al derecho a huelga, un derecho fundamental que se ha criminalizado por parte del Gobierno.

En este sentido, el Secretario General de UGT, Cándido Méndez, ha señalado durante su intervención que en esta jornada “queremos mostrar nuestra radical oposición a una política del Gobierno que puede traer como consecuencia la práctica demolición del Estado Constitucional y de Derecho en nuestro país mediante el reforzamiento de funciones represivas”.

“En las reuniones de la Confederación Sindical Internacional (CSI) y de la Confederación Europea de Sindicatos (CES) vemos que las organizaciones internacionales han desplegado una oleada de apoyo al derecho a huelga, por su sorpresa ante esta criminalización de un derecho constitucional”.

En este sentido, “compartimos la dinámica en relación a la denuncia de las consecuencias extremas de las políticas de recorte, que han dado lugar a más desempleo y más devaluación salarial, pero el elemento diferencial está siendo la contrarreforma judicial que se hace en nuestro país a través de un cambio evidente en los criterios de aplicación del artículo 315.3 del Código Penal”.

“Se está desplegando una política de represión para obstaculizar la legítima protesta de las organizaciones sindicales, con el objetivo de disuadir a los ciudadanos de ejercer sus derechos fundamentales, de manera tal que situaciones que no merecían reproche penal hasta hace dos o tres años ahora llevan aparejadas duras sanciones, que se han elevado o se han inventado, confirmando una situación terrible para los ciudadanos”.

“Se pretende extender la responsabilidad hacia los sindicatos, criminalizando la acción sindical y el ejercicio del derecho a huelga, por lo que UGT y CCOO rechazan esta política del Gobierno que está llevando a situaciones injustas e inhumanas”.

De esta manera, “hay configurado un nuevo delito de obtención de prestaciones indebidas a la Seguridad Social por parte de trabajadores que, estando en el paro, hayan podido simultanear el cobro de la prestación con un trabajo. Pero aquí hay una diferencia de trato brutal, ya que un euro que se defraude por parte de un trabajador que cobre indebidamente la prestación ya podía ser constitutivo de delito, cuando con carácter general, el delito fiscal en este país tiene un límite de 120.000 euros para que pueda ser tipificado como delito”.

Además, otro elemento a considerar como constitutivo de delito es “la ayuda humanitaria a un inmigrante sin papeles, algo que también es injusto e inhumano y que rechazamos de manera rotunda”.

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