HUELGA 9 DE MARZO

La Plataforma por la Educación Pública de Extremadura convoca huelga general en la enseñanza para el próximo jueves 9 de marzo en todas las etapas educativas (desde Infantil hasta la Universidad) y para todos los integrantes de la comunidad educativa (alumnado, padres y madres, profesorado, personal de los centros educativos…).

 

Actos programados en Extremadura para el 9 de marzo.

 

La Plataforma convoca a las 12 del mediodía una Manifestación en Badajoz capital, con recorrido desde Delegación del Gobierno (Avda. de Huelva) hasta Paseo de San Francisco; una Concentración a las 18 horas ante a la Delegación del Gobierno de Badajoz y en Cáceres capital una Manifestación a las 18 horas desde la Subdelegación del Gobierno (Avda. Virgen de la Montaña).

 

Seguimos exigiendo:

  • La derogación de la LOMCE.

  • La reversión de los recortes.

  • El incremento presupuestario dedicado a la educación.

  • La recuperación de un sistema de becas que garantice la igualdad de oportunidades.

  • La eliminación de las contrarreformas universitarias.

  • La supresión de las prácticas no remuneradas en FP.

  • La recuperación de las plantillas.

  • La dignificación de las condiciones laborales del profesorado.

  • El freno a la privatización del sistema educativo.

  • Y la bajada de ratios.

     

¿Por qué ahora?

La Plataforma manifiesta que la educación es un pilar fundamental para construir una sociedad más justa y es una herramienta esencial en la formación de personas, como ciudadanos y como futuros trabajadores.

La enseñanza pública es tarea de todos y todas, desde docentes, quienes han visto recortados sus derechos, pasando por los estudiantes, a quienes se les está hipotecando su futuro suprimiendo programas de apoyo educativo o encareciendo matrículas universitarias. Y terminando por los padres y madres, que ven como se les pone ante una indefensión absoluta por no poder garantizar una educación de calidad a sus hijos e hijas.

Como Plataforma creemos que la actual situación en el ámbito educativo solo puede resolverse con una nueva ley de educación que no esté de espaldas de la comunidad educativa, que garantice la inversión necesaria en educación, pues será una inversión que repercutirá en el futuro, consiguiendo una sociedad más justa y mejor formada.

En esta misma dirección se posicionó el Congreso de los Diputados el pasado mes de noviembre votando tramitar la paralización de la LOMCE con 208 votos a favor (los del PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos, así como ERC, el PNV, el Partit Demòcrata Català, Bildu, Compromís y Coalición Canaria, cuyos escaños suman mayoría absoluta) y 133 en contra (los del PP y Foro Asturias).

En respuesta a la voluntad mayoritariamente expresada por la mayoría de los Diputados del Congreso, el Gobierno ha manifestado su intención de acudir al Tribunal Constitucional para intentar anular el acuerdo del Congreso por el que se impulsa la paralización de la LOMCE, demostrando que considera que el poder legislativo debe estar supeditado al Ejecutivo y que la soberanía no reside en el pueblo sino que es propiedad exclusiva de dicho Gobierno, obviando deliberadamente lo que se establece en el artículo 1 de la Constitución Española.

A esto se suma que la subcomisión parlamentaria que ha empezado recientemente sus trabajos lo hace incurriendo de nuevo en el error de no contar con la Comunidad Educativa y con el único objetivo de elaborar un documento sobre la estrategia 2020 y no el de alcanzar un acuerdo para elaborar una nueva ley, que es el mandato, entendemos, emanado de la resolución del Parlamento.

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